Recordemos, esta es la tercera vez en menos de un año que lo citamos a una moción de censura por la violación a los derechos humanos
El Ministro ha sido citado a tres mociones de censura, la primera se llevó a cabo en el Senado el 24 de mayo de 2021, la segunda ocurrió el 25 de mayo de 2021 en la Cámara de Representantes; ambas por las graves violaciones de derechos humanos perpetradas por miembros de la fuerza pública durante la protesta social de abril del 2022.
La tercera citación es hoy, por la violación de los derechos humanos y del derecho internacionl humanitario ¿Cuántas mociones de censura, señor Ministro, tendrán que transcurrir para que usted no se encuentre en este cargo, que ya sabemos, no es ideoneo de ostentar? ¿Cuántas muertes de civiles y personas inocentes tendremos que presenciar con la indolencia de un Gobierno que no le interesan los derechos humanos?
El único mérito que tiene el Ministro es haber nacido en el Hospital Militar, su hoja de vida no está a la altura de lo que requiere el cargo. Deje de poner muertos inocentes para que usted saque pecho.
Dicho lo anterior, quiero agradecer a El Espectador, Voragine y Cambio, medios de comunicación que hicieron posible la investigación y que hoy permiten que el país conozca la otra cara de la moneda.
El operativo de inteligencia no tenía nada de inteligente
El país quiere explicaciones, cómo es posible que después de 6 meses de preparación y 15 días de inteligencia en el territorio, hayan fallecido personas no combatientes dentro de los cuales se encuentra un menor de edad, una mujer embarazada, un Líder comunal, un Gobernador índigena.
Tuvo todo un equipo de inteligencia detrás del operativo y ustedes no solo no capturaron a Alias Bruno, sino que no tienen claridad de cuándo se fue o si, realmente Bruno estuvo en el Alto Remanso, porque sabemos que ustedes tenían sospechas que “Alias Bruno” había salido el día anterior y aún así siguieron adelante con el operativo.
Además en las Actas de Inspección Técnica a Cadáver -FPJ- 10, de todos los cuerpos aparecen como N/A, ¿No se supone que dieron de baja a personas ya identificadas?
Esto no era un bazar Cocalero, era un evento de la comunidad.
Ustedes tenían conocimiento del evento de la comunidad, aquí tenemos las fotos de la invitación al evento. A pesar de ello, continuaron con el operativo en presencia de personas civiles no combatientes. ¿Qué les dijo la inteligencia para que intervinieran en un evento así?
Los militares se hicieron pasar como Guerrilleros y abrieron fuego primero, violando el DIH.
El General Correa afirma que “ellos no entraron disparando primero”. Pero los testimonios indican todo lo contrario.
El General Juan Carlos Correo afirma en la entrevista del 12 de abril en Caracol Radio que “tienen un uniforme especial para cada misión. Reglamentados y ambientados para cada operación”.
Los ambientaron y acoplaron tan bien que los testimonios de las víctimas señalan que los miembros del ejército utilizaron uniformes de la guerrilla y se tomaron en serio la ambientación, porque los sobrevivientes afirman que al llegar al caserío, se identificaron como tal.. Queremos respuestas, explicaciones reales y no amañadas de lo que realmente sucedió.
El uso de uniformes negros para hacerse pasar como miembros de la guerrilla, como se ha denunciado, constituye una infracción al DIH que prohíbe “utilizar de modo indebido la bandera, insignias militares o el uniforme del enemigo”, por ser considera un crimen de guerra.
La Fiscalía General de la Nación NO los ayudó con el operativo
El operativo se llevó a cabo del 7:30 am y las 10:30 am, pero de acuerdo con el Acta de Inspección Técnica de Cadáver con el consecutivo No. 021, la Policía Judicial solo tuvo conocimiento de los hechos a las 2:20pm a través de una llamada telefónica realidad por el coordinador de la unidad local de Puerto Asís. Cuéntenos qué hicieron en esas cuatro (4) horas, yo sí le voy a decir qué estaban haciendo:
Además dicen que el trabajo fue conjunto con la Fiscalía General de la Nación, pero en este comunicado, podemos observar que los desmienten.
Por último, ustedes mencionan que hubo cuatro (4) capturados. Sin embargo, los invito a todos a leer lo que dice la Fiscalía en su comunicado: El componente militar a cargo de la actividad conocida no reportó captura alguna ni proporcionó las actas que soporten un procedimiento de este tipo. La Fiscalía no ha puesto personas a disposición de jueces de control de garantías.
¿Por qué le mienten al país ¿Qué es lo que esconden?
El Ejército SÍ movió los cuerpos.
A pesar de que en la declaración del General Juan Carlos Correa el 12 de abril ante Caracol Radio, sostuvo que no habían movido los cuerpos, yo quiero mostrarle a los colombianos cómo el cuerpo de uno de los menores de edad es ubicado en tres lugares distintos.
Adicionalmente miren cómo en el Acta de inspección técnica a cadáver No. 16, detalla que SÍ movieron los cuerpos.
En el operativo del 28 de marzo en el Remanso, Puerto Leguízamo, no hubo un uso proporcional de la fuerza y violaron el principio de distinción.
No entiendo y Colombia no entiende, dónde está lo rigurosa de esta operación militar, si tenemos 11 muertos pero sies (6) armas incautadas. Lo que quiere decir que hay víctimas civiles.
Tampoco entendemos cómo el Gobernador Índigena, el Líder de la Junta de Acción Comunal y su esposa son también un objetivo militar. Con este Gobierno y con el Ministro Molano, tenemos muchas masacres y preguntas; y ninguna garantía ni respuesta.
Aquí les tenemos las investigaciones que hicimos a cada uno de los fallecidos, ante la Polícia Nacional, la Procuraduría, la Contraloría, en la Rama Judicial y hasta en la Lista Clinton; y todos, excepto Jhon Jairo Silva Mutanbojoy tienen antecedentes. Entonces díganle al país cuál es la inteligencia si la justicia no los busca, porque los informes que ustedes hacen pueden ser fácilmente manipulados por ustedes.
Se les olvidó también el principio de distinción, no pudieron distinguir entre los no combatientes y el objetivo militar. Este Gobierno tiene a la población más vulnerable en el concepto de “máquinas de guerra”.
Quiero decirle también a los congresistas y a los colombianos, incluso la Defensoría del Pueblo ha manifestado que dentro de las víctimas, hay civiles.
Espero que no vengan hoy a esta plenaria a decirnos que tres personas de las fallecidas, no armadas , no fueron asesinados por el Ejército Nacional, sino por los disidentes. Cuando en las entrevistas del 11 de abril dada por el comandante Zapateiro a Noticias RCN y la otra del 12 de abril brindada por el General Juan Carlos Correa ante Caracol Radio, manifestaron que las 11 personas dadas de baja SÍ son combatientes pertenecientes a estructuras ilegales.
Sepa que estamos preparados para escuchar sus argumentos, pero especialmente, queremos ver las pruebas contundentes, irrefutables e imparciales que demuestran que en efecto estas personas fueron asesinadas por los disidentes.
El Mayor General, Edgar Alberto Rodriguez, quien confirmó el operativo, ha sido vinculado a ejecuciones extrajudiciales
Detrás de esta operación no solo hay dudas sobre los hechos sino sobre los miembros del ejército que hicieron parte de esta.
Que Colombia sepa que el hoy Mayor General, Edgar Alberto Rodríguez se encuentra vinculado a no 1, 2 o 3 sino 50 ejecuciones extrajudiciales cuando fue comandante del Batallón de Infantería No. 27 Magdalena en Pitalito, Huila y hoy está en manos de la Jurisdicción Especial para la Paz.
Este Mayor, es el comandante del comando conjunto No. 3 Suroriente, es decir, encargado de las tropas. ¿Qué confianza puede darle al país? ¿Díganos si estamos frente a otro caso de falsos positivos.?
Por último, pero no menos importante. Tenemos dos cuerpos nuevos. ¿Dónde están?
Al realizar una investigación rigurosa, podemos encontrar que estos son los nombres que el Ejército le dio a los medios de comunicación como personas dadas de bajas. Si observamos esos mismos nombres con los reportados con el del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses encontramos dos nombres distintos, que no coinciden.
En el reporte del Ejército tenemos a José Antonio Peña Otaya y Alexander Peña Muñoz; por su parte Medicina Legal tiene a Daniel Eduardo Paredes Sanjuan y Lizandro Paredes Sanjuan, todos con número de identificación distintos.
Esto quiere decir que tenemos dos fallecidos pero no sabemos dónde están los cuerpos. ¿Dónde están los cuerpos, Ministro? Porque esos cuerpos no aparecen. Aquí podremos escuchar como una de las víctimas relata a los periodistas que realizaron la investigación de campo, que ellos contaron más muertos.
El Ministro de Defensa Diego Molano debe responder políticamente
Molano debe responder y ser separado de su cargo porque son reiteradas las vulneraciones a Derechos Humanos y al Derecho Internacional Humanitario bajo su cartera.
Debe responder porque está claro que la seguridad territorial se le salió de las manos, la presencia de grupos armados es cada vez mayor en las regiones y para colmo, en el afán de mostrar resultados regresan nuevamente las ejecuciones extrajudiciales.
Debe responder por haber masacrado a civiles en medio de un operativo que deja muchas dudas, donde hay inconsistencias, ni siquiera se dio de baja al objetivo militar principal, se trató de pasar los civiles muertos como bajas legítimas y se llevó a cabo con información de inteligencia dudosa.
Lo ocurrido en la vereda Alto Remanzo bajo la responsabilidad de Molano es tan grave que la comunidad no se siente segura con el propio ejército, ¿cómo esto puede ser aceptable?, el mismo Estado masacrando y desplazando civiles.
Es responsable por ejecutar un operativo sin tener la certeza militar suficiente sobre el objetivo tras el que se iba.
Debe ser retirado de su cargo por mentir en sus declaraciones sobre el operativo y por el ocultamiento que se realizó desde el alto mando militar, en el que se pretendió mostrar al país un operativo exitoso con 11 bajas y 4 capturas. Capturas que nunca existieron y bajas dentro de las cuales la mayoría son civiles.
