Al caso del contrato que entregó el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) a la Unión Temporal Centros Poblados para dotar de internet a escuelas en regiones apartadas del país le han saldo tantas aristas que cada vez resulta más difícil entenderlo.
Pero nosotros logramos ponerlo en unos términos que no solo muestran la gravedad del hecho, sino que dejan ver el enorme reto que tiene la minTIC, Karen Abudinen, cuando tenga que explicar el caso ante el Congreso, que la citó a una moción de censura.
Fueron 10 compañías las que participaron por la adjudicación del contrato. “La adjudicación es una continuidad de lo que se llamaban kioscos Vive digital, que se acabaron y con la llegada de la ministra Abudinen se abrió para poder adjudicar la posibilidad de que los niños en las zonas rurales tengan internet”.
De esos 10 proponentes, solo tres tenían experiencia en asuntos digitales (entre ellos, ETB y Comcel). “La licitación se divide en adjudicaciones que se tenían que hacer. Una se la gana Comcel y otra la Unión Temporal Centros Poblados”.
«Miente la ministra cuando dice que ella es la que destapa que se estaban incumpliendo las pólizas y que eran falsas, porque en un documento que nosotros tenemos la propia representante legal de Itaú es la que hace la denuncia a MinTic»
“La Unión Temporal la tienen cuatro grandes empresas, pero, de esas, solamente una tiene experiencia frente al tema de redes de comunicaciones”, precisó Miranda. “Entre las otras empresas está ICM, bastante cuestionada. Es una empresa que no tiene absolutamente ninguna relación con las tecnologías. Antes venía de una relación de vías y hasta cosas de ferretería. Es una vaina absurda”.
Otras de las empresas son Intec y Omega Buildings, que, de acuerdo con Miranda, tampoco tienen experiencia. “Todas, más o menos, en el sector de construcción”.
“El contrato tiene un monto global de 2,1 billones de pesos y se le adjudica a Comcel y Centros Poblados. Y cada una tiene una adjudicación de un billón de pesos larguito”, resumió la representante a la Cámara, una de las citantes a Abudinen. “El objeto del contrato era entregarle 7.500 puntos de tecnología a estos lugares”.
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